¿Qué nos está dejando de aprendizaje Michoacán?
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La detención del Dr. Luis Mireles por autoridades federales es la evidencia de un fracaso por parte del Estado en la negociación y estrategia por recuperar la legalidad y el Estado de Derecho de la zona de Tierra Caliente y parte de la costa de Michoacán.

 

En múltiples ocasiones los líderes de los grupos de autodefensas, así como los pobladores de las comunidades más afectadas por el crimen organizado en Michoacán, manifestaron que su lucha no es en contra de las instituciones del Estado y gobiernos locales, si no en contra de los grupos de delincuencia organizada que estaban devorando el tejido social, la integridad de las familias y la poca actividad económica.

 

Si bien es cierto que las autodefensas erosionan la institucionalidad, por lo que debilitan aún más al estado michoacano, independientemente de que sean o no justificadas y bien intencionadas, incorporar a sus miembros a las instituciones no es una solución legítima, pues son actores fuera de la ley que surgieron de una necesidad y no por una vocación de servicio hacia la comunidad, actualmente de los 35 municipios donde se encuentra presencia de grupos de autodefensas, solo 2 de estos grupos han sido institucionalizados por el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán.

 

Legitimar las autodefensas fue un error disfrazado de acierto para dar legitimidad a la causa social, este error lo han cometido naciones como Colombia, Perú, Malasia y  varios países Africanos que llevan más de 20 años en conflicto constante. Esto es un mensaje equivocado para las instituciones policiales, las demeritan en su imagen y profesionalización que durante tantos años se ha querido construir, a través de la academia con sentido de responsabilidad, compromiso cívico y honor, aún con ello a diario enfrentan problemas en sus elementos para el examen de control de confianza, ¿para qué certificar elementos policiales?, si en Michoacán basta con tener una causa o necesidad social para buscar justicia con su propia mano, a su vez genera y motiva la aparición de más grupos armados al margen de la ley, violadores de derechos humanos y del debido proceso policial, así que asimilar a las autodefensas ahora como parte de la estructura de seguridad del Estado, deja claro que no hay una coordinación entre instancias de seguridad, que no es concurrida como menciona el artículo 21 constitucional y que por eso hay que echar mano de los grupos armados surgidos al margen de la ley.

 

Sin embargo es muy comprensible la formación de autodefensas a lo largo de la República Mexicana, pues el 70%  de la población opina que el gobierno no cuenta con la capacidad para hacer frente al Crimen Organizado y sus distintas manifestaciones de violencia.

 

El Gobierno de la República no consideró que para llegar a una legitimación social y con ello hacer frente a los grupos de delincuencia organizada debió realizar un consenso con aquellos actores de poder en la entidad, actores que cuentan con micropoderes como empresarios, productores, la oposición política, sindicatos de maestros y las comunidades indígenas, todos ellos visibles en la vida política del Estado, por el contrario optaron por la intervención del desarrollo de la vida política del Estado y el control del dinero público.

 

La solución pudo ser la más simple: Aplicar la ley y garantizar el Estado de Derecho, por su puesto un camino largo y difícil pero con mejores resultados y alcances a largo plazo, una estrategia de cooptación hacia las redes criminales en su recurso humano, financiero, su protección política y social, por el contrario el mensaje es claro, legitimar a los grupos armados surgidos por una “causa o necesidad justificada”, para luego sumirlos en parte de la estructura del Estado o tomarlos como un ejemplo de castigo a quien no acate los criterios establecidos por el Estado, mientras la delincuencia sigue intacta en su estructura, los taladores del bosque impunes, los pseudo maestros que tienen paralizado el sistema escolar, la clase política que no ajusta las reformas educativas en Michoacán y la población que sigue sin ver avances en el desarrollo de sus comunidades.

 

 

 

 

 

 

 

Alejandro Góngora

 

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