Alejandro Góngora

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En varios de los Estados –Nación salvaguardar las infraestructuras críticas es una prioridad en su seguridad y soberanía, en la que incluso se destinan grandes recursos económicos y militares para su protección, como son las centrales eléctricas, plantas con reactores nucleares, industrias con avanzado desarrollo tecnológico y redes de comunicación.

 

En México, con las recientes reformas a la Constitución Federal y a las leyes secundarias publicadas el día de ayer ( 11 de agosto) en Diario Oficial de la Federación y que llevaban más de dos años en campañas televisivas fueron ayer promulgadas desde palacio nacional por el presidente de la república, pareciera que entregamos la explotación y procesamiento de los recursos energéticos e hidrocarburos al mejor postor para su producción o industrialización o bien en el mejor de los casos solo “delegar el trabajo arduo” que requiere una avanzada tecnología con la que México no cuenta y nunca se preocupó o se invirtió en ello, entorno a ello realicemos algunas reflexiones que no se han debatido ampliamente.

 

En primer término la explotación y procesamiento pretende delegarse a poderosísimas transnacionales que a lo largo de su desempeño internacional han doblegado a países enteros por su influencia política y económica, nuestro país no cuenta con un cuerpo de leyes rígido y eficiente que garantice el exacto cumplimiento ante faltas de carácter administrativo, medio ambiental y económico, aunque en la expedición de leyes secundarias se encuentra la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos debemos hacer una reflexiones sobre el pasado reciente y la debilidad institucional en materia energética y de hidrocarburos.

 

Con la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos se crea una Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con autonomía técnica y de gestión, que contará con un Director Ejecutivo nombrado por el Presidente de la República, pareciera que las controversias serán resueltas desde un escritorio por una persona y quizás avalas por un comité especial, aunque también queda suelto la vigilancia operativa de las empresas participantes, en este caso ¿quién o quiénes serán los que vigilen el exacto cumplimiento de sus responsabilidades?, ¿Quiénes auditarán que lo verdaderamente extraído y procesado sea lo que reporten las empresas participantes?.

 

Basta recordar que en el 2012 el accidente de la empresa British Petroleum en el golfo de México causó un impacto medio ambiental de grandes dimensiones y para lo cual se pagó más de 4 mil 500 millones de dólares pero solo a los Estados Unidos, no así a México a pesar que también hubo daños considerables; La reciente pérdida de PEMEX ante SIEMENS por 500 millones de dólares  ante un Tribunal Colegiado en Materia Civil y confirmado también por la Corte Internacional de Comercio, en ella se ventilaban actos de corrupción , sobornos y falsificación de facturas.

 

En segundo término reflexionemos sobre el proceso legislativo donde se discutieron el paquete de leyes secundarias. Mientras en otras naciones los procesos de reforma en materia de energía e hidrocarburos fue gradual y se inició desde el 2003, el Congreso Federal de los Estados Unidos Mexicanos lo realizó en un solo periodo extraordinario de sesiones, es decir en poco más de tres meses se discutieron, aprobaron, derogaron y adicionaron un paquete de 16 cuerpos de leyes y más de 1,200 artículos aproximadamente. Por supuesto del debate se centró en descalificaciones entre los diversos actores políticos por sus supuestos intereses particulares y familiares en poseer empresas relacionadas con hidrocarburos, en un sindicato como el de petróleos mexicanos que nunca transparenta sus cuentas y en un escándalo por bonos millonario a los congresistas por la aprobación de las leyes energéticas a su “desempeño legislativo” y que está incluida en los proyectos de presupuesto como “subvenciones extraordinarias”, todo ello pareciera sacado de un episodio más de la serie televisiva de Casa de las Traiciones (House of Cards).

 

Como tercera y última reflexión, pareciera que la reforma va encaminada a obtener recursos y no al verdadero crecimiento económico, pues la constante preocupación del riesgo por la inestabilidad presupuestaria del Estado en la que en los últimos años su presupuesto ha dependido entre un 30 y 40 por ciento de los ingresos petroleros. Así pues con ayuda de una reforma fiscal que se inclinó por aumentar la carga tributaria, más que por fomentar los incentivos para incrementar la productividad en la economía mexicana, la reforma energética se diseñó para incrementar la renta petrolera.  La economía no tiene incentivos para establecer una estrategia de uso eficiente del gasto público, así que recurrirá a los ingresos petroleros para cubrir el déficit público que acarrea.

 

Otros datos que no se tomaron en cuenta o no se quisieron discutir de fondo es los mitos sobre si bajará el precio de la gasolina y el gas, pues su precio lo determina el mercado internacional; la baja del precio de la electricidad, sólo se da si pones tu propia planta generadora, como Cemex, Walmart, Bimbo, Cervecería Cuauhtémoc, de hecho si eres consumidor doméstico incluso se podría pagar más; la creación de más y mejores empleos todavía queda al escepticismo pues muchas de las empresas como posibles competidores ya se encuentran en el país y no ha existido un avance en ello, por el contrario se externalizará la contratación a técnicos y operativos especializados extranjeros; el aumento del ingreso de los mexicanos no se dará por la reforma energética, solo se dará si se discute sobre el salario mínimo acorde a la inflación y producción.

 

 

 

 

Alejandro Góngora 

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